“Nuestro compromiso con el País: Desarrollo nacional para todos
Ollanta Humala Tasso
Señoras y señores:
Quiero agradecer esta invitación. Eventos como estos, tan importantes, ayudan a conocernos mejor y también, cuando hay buena voluntad, a intercambiar opiniones, despejar interrogantes y presentar propuestas sobre el destino del Perú.
Esta no es la primera –ni será la última vez- que me reúno con empresarios y representantes de empresas en la preocupación común sobre el Perú. En este esfuerzo mantengo contactos directos y una relación de diálogo con diversos grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros. Y en todas estas reuniones, siempre les he dicho lo mismo: las propuestas del nacionalismo. No soy de los políticos que cambian el discurso cuando cambia el escenario.
Hablemos con franqueza. En todos estos años –y no creo exagerar- se han dicho muchas cosas, particularmente negativas, sobre mí y sobre nuestro programa. Unas, como fue en la campaña del año 2006, están basadas en simples prejuicios, algunas son consecuencia de una gran campaña de difamación, y otras son producto de un desconocimiento que es necesario aclarar. No niego que tenemos diferencias con algunos o muchos de los aquí presentes. La democracia, como bien sabemos todos, está hecha, justamente, para exponer ideas y ahí donde hay diferencias darles un cauce civilizado que beneficie a la mayoría de los ciudadanos y al país.
La Geopolítica mundial de la competitividad para el Desarrollo Nacional
Hoy el mundo vive un proceso de creciente globalización. Ningún país puede estar al margen de este proceso que, creemos, es indetenible. Por eso necesitamos no solo una mentalidad abierta sino también una política capaz de enfrentar los desafíos del mismo, para aprovechar sus ventajas y reducir sus costos. Sin embargo, cada país, como diría el poeta, hace camino al andar. Así como necesitamos peruanizar la globalización dándole un carácter solidario basada en un comercio justo y en un trato equitativo para reducir las diferencias entre los países ricos y pobres, también requerimos de una política soberana. No somos ni seremos satélite de ninguna potencia ni de ningún país. No vamos a copiar modelos de otros.
No creo exagerar diciendo que vivimos una etapa caracterizada por una “Gran transición geopolítica”: El dato fundamental es una enorme redistribución de poder, primero, económico, después estratégico y finalmente político: todas las instituciones internacionales más temprano que tarde sufrirán el formidable desafío de estas energías liberadas por los “cambios tectónicos” que vive nuestro mundo. Nada será como antes y la crisis económica lo pone una y otra vez de manifiesto.
La gran cuestión sobre la que todos debemos ponernos de acuerdo es cómo el Perú, como país, debe insertarse en este proceso de globalización. El modelo actual nos inserta –y nos define- como país primario exportador, con un estado incapaz de defender a sus empresarios frente al gran capital y a todos los peruanos. Nosotros proponemos insertarnos como un país en vías de industrialización, con un Estado capaz de defender y promover al sector empresarial y el desarrollo nacional, es decir un Estado presente en todo el territorio nacional, integrador, representativo y democrático, un Estado eficiente y que realmente luche contra la corrupción, la violencia y el narcotráfico.
El mundo atraviesa, simultáneamente, una grave crisis económico-financiera global, el agotamiento de las fuentes de energía basadas en los combustibles fósiles y sus correspondientes tecnologías; un cambio climático planetario de grandes dimensiones, que se expresará en un calentamiento global y en la escasez del agua; así como las amenazas permanentes de una crisis alimentaria. Se transita irreversiblemente a un mundo multipolar en el cual todos los Estados Nación rediseñan sus estrategias nacionales de desarrollo. En este contexto, es que debemos plantearnos el desafío político de la competitividad.
La crisis, cuyo epicentro estuvo en los Estados Unidos, ha puesto de manifiesto las debilidades teóricas y prácticas del fundamentalismo del mercado: es ilusorio pensar que pueda existir mercado sin Estado, es decir autorregulado. Esto significa, en primer lugar, modificaciones sustanciales en las instituciones internacionales y, en segundo lugar, el retorno de un papel activo y equilibrador del Estado sobre la economía.
Para países como el nuestro, la crisis actual es también la de un patrón de crecimiento, basado en la flexibilización del mercado de trabajo, en la liberalización comercial, en los acuerdos de libre comercio, y en el liderazgo de las exportaciones tradicionales respecto a las no tradicionales. Es la crisis de un modelo pero también, como toda crisis, es una oportunidad, como señaló el profesor Porter, de iniciar un cambio que nos permita seguir avanzando consolidando lo que ya tenemos.
Aquí es donde aparece el problema, lo diríamos así, geopolítico de la competitividad. Tal como demuestran los llamados BRIC+3 (Brasil, Rusia, India, China más tres: Turquía, Corea e Indonesia) se agudiza la competencia entre Empresas, pero también, es necesario subrayarlo, entre naciones y Estados. Los Estados Nación llamados emergentes, son las fuerzas del cambio a nivel mundial y son los que van diseñando el futuro del nuevo orden mundial. Muchos de ellos son Estados–continentes, poseedores de tradiciones milenarias y de grandes recursos de todo tipo. Sin embargo, frente a esto en el Perú aún subsisten corrientes que se aferran al pasado, defendiendo un modelo económico que no existe en el mundo moderno; mientras más rápido comprendamos la nueva coyuntura mundial y nos insertemos en ella, más competitivos seremos.
¿Cuáles han sido las características fundamentales del patrón de crecimiento de estos países? Todos, de una u otra forma, en uno u otro momento, no han seguido las políticas del así llamado “consenso de Washington”. Todos, han afirmado su comunidad nacional y han convertido al Estado en el líder de “una coalición social y política para el desarrollo”. Nosotros, debemos afirmar nuestra competitividad afirmando al Perú como nación y como parte importante de América Latina. Ese es un compromiso con nuestra patria.
Compromiso con nuestro país: el Crecimiento y el Desarrollo
“Con todo el potencial de Recursos energéticos, Recursos naturales, recursos marinos que tenemos, el Perú debiera pertenecer al grupo de países emergentes”. “Crecimiento es plata en el bolsillo, de alguien; Desarrollo es calidad de vida”
El tema que nos congrega en esta oportunidad es el de establecer claramente los compromisos con el país, que solo pueden apreciarse desde los desafíos del desarrollo nacional. Ambos, ciertamente están vinculados.
Como sabemos, no es la primera vez que vivimos una etapa de crecimiento económico. Por ejemplo entre 1949 y 1957 crecimos a una tasa de 7.3% de promedio anual, y entre 1959 y 1966 crecimos a 7.9%; sin embargo, como también sabemos, no salimos del subdesarrollo. Como han señalado analistas internacionales y nacionales, aún con crecimiento económico, seguimos siendo un país mayoritariamente informal, con un bajo nivel de calidad de vida, con bajos salarios, con un alto porcentaje de la población que no tiene acceso a la satisfacción de las necesidades básicas, con alto subempleo y desempleo, y con altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso.
El Perú en los últimos años también ha tenido un crecimiento económico significativo: 6.7% promedio anual entre 2002 y 2008. Pero este alto crecimiento, al igual que los anteriores, tampoco nos está conduciendo al desarrollo. Es un crecimiento que ha ahondado más bien la desigualdad en la distribución del ingreso. Los beneficios del crecimiento no llegan a todos los peruanos.
El crecimiento en su conjunto no es solo producto del esfuerzo de un puñado de empresas, sobre todo multinacionales, que exportan materias primas. Tiene también otros protagonistas fundamentales, los que se caracterizan por aportar su sacrificio diario pero que están ausentes de los beneficios. Son los millones de trabajadores y excluidos con empleo precario, mujeres y hombres, de todas las edades, de las diversas etnias y pueblos, que día a día, ejerciendo mil oficios, como se dice, hacen patria. Luchan por sobrevivir y mejorar sus condiciones de vida de ellos y de su familia. Muchos impulsan microempresas, cadenas productivas, asociaciones diversas, luchando por afirmar sus bienes. Forman empresas nacionales pequeñas, medianas e, incluso, grandes, en base al esfuerzo personal y familiar, ante un Estado burocrático, nada solidario y sí más bien corrupto.
Estos millones de ciudadanos deben resolver todos los días, con mucho coraje e inventiva, los desafíos de la propia vida, de la producción y de los servicios. Todos somos protagonistas del crecimiento, pero no todos recibimos sus beneficios.
Para que el esfuerzo de millones de peruanos no se frustre, se requiere hacer cambios para transformar este crecimiento excluyente en un desarrollo nacional para todos, para así cumplir el sueño de millones de jóvenes que por falta de oportunidades ven frustradas sus expectativas, para brindar calidad de vida a todas las familias peruanas particularmente a las más desamparadas. Debemos construir un país inclusivo, con optimismo y sin temor al futuro. Para esto, venimos haciendo un conjunto de propuestas que por respeto al rigor del tiempo trataré brevemente. Estas son:
1. Lucha contra la Corrupción y el narcotráfico.
2. Orden y seguridad en nuestra patria.
3. Un Estado para todos.
4. Fortalecimiento de la democracia y cambio de la constitución.
5. Estabilidad Jurídica y respeto al marco jurídico nacional e internacional.
6. Una revolución Educativa con desarrollo tecnológico.
7. Una mejor tributación.
8. Estabilidad macroeconómica.
9. Recuperación de la soberanía nacional sobre la propiedad de los recursos naturales.
10. Enfrentar el Cambio climático.
11. Una economía nacional de mercado.
12. Impulso a las empresas nacionales y privadas.
13. Integración del territorio nacional, inversión en infraestructura y desarrollo energético.
14. Restablecimiento de los Derechos laborales y remuneración justa.
15. Una política de integración regional con todos los pueblos de América latina.
1. Lucha contra la Corrupción y el narcotráfico
La corrupción constituye un problema de seguridad nacional. La corrupción ha sido constitucionalizada por el régimen de la familia Fujimori y respetada escrupulosamente por los gobiernos subsiguientes.
La corrupción tiene dos elementos que la nutren: la concentración de poder y la informalidad; es decir, cuando el individuo tiene poder y no hay reglas precisas para que rinda cuentas de sus actos o sea fiscalizado, éste cree que su comportamiento está por encima de las normas y leyes que nos rigen a todos. La corrupción principalmente se circunscribe a los funcionarios públicos que manejan la gran chequera del Estado. Del millón de funcionarios del Estado, aproximadamente 20,000 de estos tienen responsabilidad directa o indirecta en el manejo de fondos públicos, y de estos alrededor de 1,300 –que siguen laborando en sus respectivas oficinas y ejerciendo poder- están actualmente con procesos penales o administrativos por corrupción.
En el propio Congreso de la república tenemos dos congresistas en la condición de reos contumaces que se niegan a presentarse al juez para que se les lea su sentencia y una congresista candidata a la presidencia que se niega a presentarse a la fiscalía por investigaciones relacionadas a corrupción.
En el Ejecutivo, el Presidente nuevamente se encuentra vinculado directamente por acción u omisión a actos de corrupción como el caso Canán y los petroaudios; por haber negociado como presidente electo, sin juramentar, el cobro del impuesto a las sobre ganancias por el óbolo minero; por misteriosos “robos” de documentos de contrataciones en el Ministerio de Salud; por la compra de cuestionables patrulleros y de tanques chinos, entre otras perlas.
Nosotros firmemente creemos que la corrupción es un enemigo mortal de la competitividad. A los inversionistas en general, sean nacionales o extranjeros, siempre les convendrá tratar con un gobierno decente que con un gobierno corrupto.
Por esto nuestro compromiso con nuestra patria es la lucha frontal contra la corrupción. Como gobierno, no aceptaremos coimas, ni porcentajes de “cortesía” por cada obra que se ejecutará; los procesos de licitación, concesión y concursos serán transparentes. Crearemos un Comité Nacional de Inversiones que será la entidad encargada de institucionalizar de manera transparente el ingreso de inversiones al Perú. Nuestro compromiso público contra la corrupción es el siguiente:
a. El Gas de Camisea y específicamente los Lotes 88 y 56 serán destinados al consumo nacional y no los comprometeremos a otros mercados. Rectificaremos los actos dolosos que otros presidentes mañosamente hicieron para abrir las puertas a la exportación de estos lotes.
b. No nos meteremos en componendas con grupos económicos determinados para apropiarnos de canales de TV, ni haremos componendas dejando en la cárcel a un funcionario de menor jerarquía para que encubra al propio Presidente, como se ha venido haciendo en los últimos gobiernos.
c. No permitiremos la impunidad de crear partidos políticos con firmas falsas.
d. No robaremos plata, ni permitiremos que esta se “esfume” a través de pago de deudas millonarias a empresas creadas especialmente para ese fin.
e. No aceptaremos que las obras se sobrevalúen, muchas veces al doble de lo que inicialmente se presupuestó. Hay que erradicar de cuajo el estribillo de “Roba pero hace obra”.
f. No permitiremos que la plata de nuestros impuestos se destine a la compra de congresistas, de propietarios de TV y diarios, de Generales de las FFAA y PNP, de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público; así como pagos de CTS millonarias a asesores presidenciales.
g. No despojaremos a empresas, sean éstas nacionales o extranjeras, que honestamente hayan ganado concesiones, para dárselas a otras gracias a las presiones sobre vocales débiles o corruptos.
h. No se utilizará a la SUNAT como instrumento de extorsión a los empresarios honestos y sobre todo a los micro, pequeños y medianos empresarios.
i. Los estudios de mis hijos los pagaré yo, no el pueblo.
Proponemos adicionalmente las siguientes medidas:
a. Juicio de residencia; compromiso de todo candidato a la presidencia de la república a fijar su residencia en el Perú al término de su mandato, para que pueda responder por el activo y el pasivo de su gestión. Esta medida se debe a que en los últimos 20 años los presidentes salientes o se escapan o se van del Perú.
b. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esta medida evitará que los presidentes se escapen del país, que luego solicitar al poder judicial la prescripción de la acusación y después retornar como héroes entrando nuevamente en política.
c. Inhabilitación de por vida al funcionario corrupto.
d. Requerimos un presidente 100% leal al Perú, y no presidentes que tienen varias nacionalidades, y que inclusive las ocultan. Todos sabemos que cuando no les va bien en el Perú a estos presidentes, utilizan sus otros pasaportes para evadir responsabilidades políticas y penales; por eso, proponemos que el Presidente de la República debe tener una sola y única nacionalidad: la peruana.
e. Proponemos la eliminación del llamado “cheque en blanco”. Necesitamos establecer el derecho del pueblo a revocar o destituir a cualquier funcionario público electo; incluyendo al Presidente del Perú y a los congresistas.
f. Proponemos una reforma parlamentaria que permita restablecer el principio que el propietario político del “asiento parlamentario” es el pueblo, que los Partidos políticos se constituyen en garantes programáticos de los congresistas que temporalmente ocupan esos escaños; y que por tanto, tengan la facultad de poder destituir al congresista que abandona la línea programática del partido.
En lo referente a la Lucha contra el narcotráfico, proponemos:
a. Diseñar una estrategia que tenga por objetivo separar a la población cocalera de las redes del narcotráfico, entendiendo que lejos de ser el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, son en realidad las primeras víctimas.
b. Llevar al Estado a las zonas donde hay narcotráfico, particularmente en el VRAE, a través de políticas públicas de educación, salud entre otras.
c. Ofrecer una alternativa económica a los campesinos cocaleros y un programa de cultivos alternativos. Los formalizaremos.
d. Aumento salarial a las fuerzas del orden.
e. Estricto control de los insumos químicos que ingresan a las zonas cocaleras y del Alto Huallaga.
f. Tomar medidas contra el lavado de activos.
g. Modernización de los sistemas aduaneros.
h. Establecer medidas más rigurosas de control de migraciones sobre el ingreso de personas sospechosas, como forma de impedir el acceso de mafias foráneas y que traen el “sicariato” a nuestra comunidad.
2. Orden y seguridad en nuestra patria
a. Restableceremos el sentido de autoridad, de orden y de respeto mutuo.
b. Reduciremos la conflictividad social en el país a través del diálogo sincero y transparente con las comunidades.
c. Llevaremos el Estado al interior del país a través de políticas públicas.
d. Ordenaremos el rol del Estado y de las empresas.
En cuanto a seguridad consideramos dos aspectos: la seguridad del orden interno y la seguridad ciudadana. La seguridad del orden interno corresponde a los delitos que afectan la tranquilidad del país: el narcotráfico, terrorismo entre otros; y la seguridad ciudadana corresponde a los riesgos de seguridad existentes en cada circunscripción sea distrito o provincia. En el primer caso hablamos de:
a. Mejoras salariales a las fuerzas del orden.
b. Un programa de capacitación de éstas, tomando en cuenta que la delincuencia común se “capacita” permanentemente.
c. Revisión de determinadas penas y sanciones que en muchos casos son benignas y en otros una burla a las fuerzas del orden, no habrá perdón para delitos que se cometan en contra de menores de edad y en contra de los turistas.
d. Creación de la policía rural integrando a este nuevo cuerpo las organizaciones de rondas campesinas y comités de autodefensa.
e. Fortalecer el sistema de vigilancia en las carreteras; a través de creación y reubicación de comisarías, utilización de sistemas de navegación satelital.
3. Un Estado para todos.
Vamos a construir un Estado:
a. Capaz de estar presente en todo el territorio nacional, de regular el mercado, de defender a todos los peruanos, de luchar contra la corrupción, la violencia y el narcotráfico.
b. Que combata los monopolios, regule los mercados y defienda a los consumidores.
c. Capaz de constituirse en el motor del desarrollo.
d. Que defienda y promueva a sus empresas en el gran comercio internacional.
Saludamos que IPAE, en su informe “Rumbo a la prosperidad” rescate el rol del Estado como regulador del mercado.
4. Fortalecimiento de la democracia y cambio de la constitución.
Nuestro compromiso es por una democracia participativa transformando el Estado para ponerlo al servicio de la ciudadanía.
La competitividad y el desarrollo nacional se sustentan en un claro compromiso con la democracia y con un Estado al servicio de la ciudadanía. Queremos transformar este Estado, burocrático, corrupto e ineficiente, manejado muchas veces de manera irresponsable y hoy día penetrado por la corrupción y sometido a intereses particulares privados, por otro: democrático, moderno, representativo y al servicio del interés público y sobre todo de los que menos tienen. Por eso, luchar contra la corrupción y defender los derechos humanos, es y será el principio que oriente nuestro comportamiento. La democracia debe ser reconocida por todos como un bien necesario y una forma de convivencia pacífica. Estamos en la obligación de terminar con la cultura autoritaria en nuestra patria que el nefasto régimen fujimorista de los 90 nos ha dejado como herencia.
Entendemos que el espacio de encuentro entre la sociedad y la política, se debe lograr con la transformación del Estado actual para forjar un Estado democrático, social, laico, descentralizado y pluricultural.
Planteamos por ello, otra Constitución que apunte a plasmar el anhelo de justicia, de bienestar de las mayorías y de desarrollo nacional negado a lo largo de nuestra historia republicana.
Para ello la nueva carta magna debe tener cuatro ejes temáticos: Primero: un Estado Social, activo y garante de los derechos de las personas. Segundo: un régimen económico que tenga como objetivo la justicia social. Tercero: una forma de gobierno que le devuelva la confianza al ciudadano. Cuarto: una descentralización que de poder efectivo a municipios y regiones.
Una Constitución define a un Estado. En la actualidad nuestra vida republicana está subordinada y limitada porque la constitución vigente, entre otras cosas:
- Obliga al Estado a que se auto discrimine de la actividad empresarial (Art. 60 de la Constitución).
- Obliga al Estado a que se auto despoje de su Soberanía (Art. 62 de la Constitución).
- Obliga al Estado como propietario real de los Recursos Naturales a renunciar a la parte que le corresponde de lo extraído (Art. 66 de la Constitución).
- Obliga al Estado a discriminar el pago de la deuda externa frente a la deuda interna (Art. 78 de la Constitución).
- Promueve la desarticulación y la desintegración del principio unitario de la República.
5. Estabilidad Jurídica y respeto al marco jurídico nacional e internacional.
Se respetarán los contratos suscritos por el Estado peruano. Sin embargo el Estado así como sus contrapartes tendrán el derecho a plantear revisiones a los puntos en que cada una de las partes se sienta afectada.
6. Una revolución Educativa e Innovación tecnológica
El Perú produce ingentes cantidades de mano de obra barata, el “Cholo barato”. La educación históricamente fue utilizada como instrumento de dominación de una elite frente al pueblo. El Estado no invierte en ella, porque el modelo económico funciona bajo esta perspectiva. Para cambiar esta realidad, no bastan las palabras, se requiere “voluntad política y amor por el Perú”.
Sin Tecnología no habrá desarrollo, el Perú dejó de crearla hace 500 años por efecto de la Colonia. Hoy en día necesitamos de transferencias tecnológicas para hablar con seriedad del desarrollo.
El déficit fundamental del actual crecimiento sin desarrollo, se muestra dramáticamente en los indicadores sobre innovación que el propio estudio previo para la CADE nos señala, y que patentizan la realidad. En Innovación ocupamos la posición 109 en el ranking de 133 países; Chile ocupa la posición 49. En gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) ocupamos la posición 90; Chile ocupa la posición 56.
Instalaremos un sistema nacional y regional de innovaciones en el que participaran el estado, el empresariado y las universidades, con fondos públicos asignados a Investigación y Desarrollo que deben pasar de 0.15%, como es ahora, a 1.0 % del PBI.
La restricción de capital humano y de tecnología que enfrentan nuestros inversionistas nacionales se produce fundamentalmente por los problemas que atraviesa el sistema educativo por el abandono del Estado. Además de los problemas de tipo organizacional e infraestructural, existen otros referidos al contenido y calidad de sus programas en todos los niveles. El origen de muchos de estos problemas se encuentra en la escasez de recursos presupuestales producto de los ajustes fiscales impuestos por el recetario neoliberal.
Desarrollaremos una revolución educativa. La situación de aguda crisis en que se encuentra la educación, choca con las demandas por una educación de calidad que desarrolle las capacidades de las personas para el trabajo y el bienestar y que permita que todos tengan iguales oportunidades. Hay necesidad no sólo de ampliar la cobertura educativa sino también de dar un salto en la calidad y pertinencia del servicio que se brinda. Todo esto en un proceso participativo que haga de la revolución educativa uno de los grandes esfuerzos de democratización de la sociedad. Para ello, asumimos la visión y los objetivos del Proyecto Educativo Nacional, asumido como política oficial pero dejada de lado por este gobierno.
En este camino las líneas prioritarias de acción son:
a. Lograr aprendizajes pertinentes y de calidad articulados con los objetivos del desarrollo nacional.
b. Financiamiento adecuado para que el presupuesto educativo alcance en el curso de los próximos cinco años el mínimo del 6% del PBI.
c. Revalorización del magisterio que incluya una carrera docente por méritos. Facilidades para una capacitación adecuada y una remuneración digna.
d. Reforma de la gestión pública de acuerdo a las necesidades de una educación de calidad, de la participación de la comunidad y la descentralización del país.
e. Priorizar la atención de la primera infancia y de la educación rural que se encuentran más abandonados aun que el resto de la educación nacional.
f. Asumir la interculturalidad y la biodiversidad como principios orientadores de la acción educativa en democracia.
7. Una mejor tributación
Vamos a emprender una reforma tributaria modificando la actual estructura tributaria donde pesan más los impuestos indirectos que pagan los que menos tienen. Combatiremos la elusión y evasión tributaria. Revisaremos aquellos contratos de estabilidad tributaria que contengan aspectos que lesionen el interés del Estado; asimismo, aquellos aspectos de los TLC que afectan nuestra soberanía para la imposición de medidas tributarias; aplicaremos un impuesto a las sobre ganancias mineras cuando sea posible, y a la venta en el exterior de acciones y activos de empresas que operan en el Perú. De esta forma, se podrá redistribuir mayores recursos a la población, a la infraestructura, al empleo y a las necesidades sociales, para elevar la productividad y competitividad y lograr la inclusión del conjunto de la nación.
8. Estabilidad macroeconómica.
Para el desarrollo con crecimiento se requiere estabilidad macroeconómica. Vamos a mejorar la eficiencia de la política monetaria basada en metas de inflación, haciendo más competitivo el mercado financiero mediante el desarrollo del mercado de capitales en soles. Vamos a mejorar la eficiencia de la política fiscal introduciendo en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal una regla contra-cíclica para gestionar el gasto. Vamos a reducir drásticamente el peso de la deuda externa, sustituyéndola por deuda interna en soles, para reducir los riegos de las cuentas fiscales y lograr un espacio mayor a la inversión pública. Lo haremos mediante el desarrollo del mercado de deuda pública interna en soles que es la base para el desarrollo del mercado de capitales.
Vamos a implementar una política orientada al mantenimiento de un tipo de cambio estable y competitivo para promover la producción y las exportaciones de productos con mayor valor agregado y comercializables internacionalmente. Para que esta política sea viable protegeremos a la economía nacional del capital especulativo y continuaremos con una activa política de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central.
9. La recuperación de la soberanía nacional sobre la propiedad de los recursos naturales.
Se requiere recuperar, como peruanos, nuestro derecho preferencial a la gestión, explotación y usufructo de los recursos naturales del país, en especial de las fuentes de energía y agua. De igual forma, el Estado debe recuperar su papel promotor del desarrollo, regulador del mercado y proveedor de servicios sociales básicos (educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe) con políticas públicas que tengan alcance universal.
Con la actual Constitución, el Estado perdió soberanía y el interés nacional pasó a un segundo plano. El gobierno, en su afán por atraer inversión extranjera, aceptó el óbolo minero en lugar de aplicar un impuesto a las sobre ganancias, renunció al cobro del canon y promovió la desnacionalización de los recursos naturales con concesiones que afectaron y afectan el interés del propio Estado y, además, sin rigurosos estudios de impacto ambiental para las inversiones en energía y minería.
El Estado debe promover y asegurar el uso responsable de los recursos naturales (desde la etapa de exploración hasta la de transformación y comercialización) en función del desarrollo equilibrado del país.
El Estado puede suscribir contratos con empresas nacionales o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales, en condiciones sustentables con el medio ambiente natural y social. Finalmente, las empresas que exploten los recursos no renovables deben pagar sus respectivos impuestos y el canon, que no es otra cosa que un derecho y compensación por la explotación de los recursos naturales que se agotan.
10. Enfrentar el Cambio climático
El cambio climático es un hecho demostrado científicamente y en el Perú se puede constatar sin ser erudito en la materia. Es uno de los aspectos sustantivos y condicionantes de toda nuestra estrategia de desarrollo nacional.
El Perú es un país extremadamente vulnerable a los impactos del cambio climático. En los Andes peruanos se encuentran más del 70% de todos los glaciares tropicales del mundo, y estos se hallan en un proceso de retroceso acelerado y visible a simple vista. El cambio climático afectará de manera sustantiva la hidrología de los ríos que alimentan a las ciudades y a los pueblos costeros, y afectará dramáticamente la disponibilidad de agua de las poblaciones andinas y alto andinas, es decir, a los pobladores más desprotegidos del país. El cambio climático está afectando y afectará dramáticamente la biodiversidad en las zonas marino costeras y en la agricultura en el país.
Por lo tanto, urge tomar acciones para determinar las vulnerabilidades específicas a lo largo y ancho del país, y diseñar las estrategias y políticas públicas que ayuden a una adaptación de carácter transversal. El Perú debe conseguir toda la ayuda posible de parte de los diferentes organismos bilaterales y multilaterales de cooperación técnica y financiera para enfrentar las necesidades de la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, la escasez de agua que se va a producir en algunos meses del invierno en las ciudades costeras, incluyendo Lima, deberá contar con una solución como la desalinización del agua de mar para suplir los faltantes y para ello es imprescindible contar con una fuente energética limpia, propia y de costo muy accesible como es el Gas de Camisea.
La consulta a las Comunidades como factor necesario para viabilizar las inversiones, tendrá también un compromiso de estas con el Medio Ambiente.
11. Economía Nacional de Mercado
Nos proponemos impulsar una economía nacional de mercado productiva, no rentista, capaz de añadir a nuestras riquezas un valor agregado, con una industrialización competitiva y abierta al mundo. Para este fin, promoveremos el empleo productivo con salarios dignos, y abriremos las compuertas para consolidar, finalmente, un empresariado nacional. Ello requiere un Estado autónomo, ágil y fuerte, promotor del desarrollo y capaz de regular la economía de manera eficiente, lejos de las presiones de los grupos de interés y de los lobbies.
El modelo primario exportador descuida el desarrollo de la agricultura y de la industria manufacturera. Los que lideran el crecimiento son los sectores primarios, la construcción, y el sector de comercio y servicios. El sector informal es grande, principalmente de servicios, y de baja productividad. El empleo de baja calidad se concentra en sectores terciarios (comercio, transporte, servicios y construcción) y en el sector agropecuario rural. El actual modelo de crecimiento, entonces, acrecienta la desigualdad de ingresos. Mantiene una pobreza e insuficiencia de empleos e ingresos decentes. Pero además, este modelo es exportador neto de capitales. Es un modelo que no genera aumentos sostenidos de la productividad ni moderniza la economía.
Por otro lado, este modelo no permite alcanzar el desarrollo, necesitamos, por ello, empezar a construir el cambio. Michael Porter ha llamado a este cambio necesario “una ambiciosa estrategia económica y social”. Nosotros le hemos llamado la estrategia de desarrollo de una Economía Nacional de Mercado.
Nuestra estrategia plantea la recuperación del papel de la agricultura (soberanía alimentaria) y la industria para el desarrollo. Industrializar el país con base en la agricultura es indispensable para sostener el crecimiento por largos periodos, para generar puestos de trabajo estables y para mejorar la distribución de la riqueza. Sin este proceso de reindustrialización y en el marco de una economía abierta y de mercado, es imposible asegurar un crecimiento económico autónomo, viable y socialmente aceptable, a largo plazo, tanto por el lado del empleo como por el lado de la equidad distributiva.
Darle un carácter nacional a los sectores estratégicos
Queremos construir una mayor capacidad productiva industrial, agroindustrial y agropecuaria, y simultáneamente desarrollar la demanda interna para asegurar el uso de esa misma capacidad. Además, una demanda interna que se sostiene en el tiempo estimula nuevas inversiones para expandir y diversificar la capacidad productiva. Desde esta perspectiva, las exportaciones son necesarias para solventar las importaciones y hacer sostenible el crecimiento económico; y, en este caso, las ganancias de competitividad están garantizadas por la expansión de los mercados internos.
Debe quedar bien claro; nosotros no vamos a estatizar, vamos a respetar la propiedad privada. Nosotros cuando hablamos de nacionalización nos referimos a que el desarrollo nacional es una responsabilidad del Estado y no del mercado; y por tanto, el Estado debe establecer sus políticas de largo plazo en las áreas estratégicas justamente para alcanzar este ansiado desarrollo.
12. Impulso a las empresas nacionales privadas y al rol de las Empresas Públicas
Para dar lugar a la expansión y crecimiento de las empresas nacionales o locales vamos a eliminar las restricciones (de infraestructura, de financiamiento, de capital humano) que enfrentan los inversionistas privados locales o nacionales (micro, pequeños y medianos), cuya producción debe orientarse tanto hacia el mercado interno como al mercado externo.
Como dice Porter, la expansión de las empresas locales o domésticas para el mercado interno, y no solo de las empresas de exportación, es fundamental para el crecimiento de la productividad y de la competitividad. Por ello, ratificamos nuestro claro apoyo a las MYPES.
En el proceso de recuperación de la soberanía sobre los recursos de la nación, el régimen empresarial será plural, con empresas públicas, con empresas privadas nacionales y extranjeras, comunales, cooperativas. Vamos a modernizar, fortalecer y moralizar las empresas públicas nacionales actuales, como PetroPerú, Enapu, ElectroPerú y otras eléctricas regionales, Cofide, Banco de la Nación, Corpac, entre otras. Concordamos con el criterio del estudio preparatorio para esta reunión en la parte que señala que “hay que replantear el rol del Estado, adicionando a las funciones de regulador y promotor un rol planificador y una actividad empresarial que agregue valor”.
13. Integración del territorio nacional, con inversión en Infraestructura, con desarrollo energético y con una mayor conectividad.
El déficit de infraestructura es de 35% a 40% del PBI. Este déficit hace que la economía peruana siga desconectada de su geografía y demografía y que sus costos sean elevados. Esta desconexión se expresa en mercados internos reducidos y poco dinámicos, pues se convive con extensas áreas de autoconsumo, de recursos naturales no explotados y de áreas poblacionales dispersas. El escaso dinamismo de los mercados internos limita la inversión privada local en nuevas actividades productivas orientadas tanto a ese mercado interno como al externo. Además, los altos costos de transporte y la inexistencia de mercados dinámicos en la sierra y selva del país, inhiben la expansión de la inversión privada doméstica o local.
Nuestros inversionistas privados (micro, pequeños, medianos y también grandes) enfrentan, por lo tanto, una restricción de mercado que no enfrenta la inversión extranjera. Como se sabe la inversión extranjera se dirige fundamentalmente hacia la explotación de recursos naturales (producción de commodities) cuyos mercados externos son relativamente amplios y seguros, o hacia la producción de servicios de alta tecnología (como la electricidad y la telefonía) con mercados internos cautivos. La inversión privada nacional no tiene mercados internos amplios y seguros. Para eliminar esta restricción vamos a desarrollar infraestructura vial multimodal (ferrocarriles y carreteras), puertos, aeropuertos, electricidad, telecomunicaciones, de gas e infraestructura social de agua y saneamiento, y de salud y educación (hospitales, postas médicas, escuelas y colegios con laboratorios).
Otra restricción fundamental está en la actual matriz energética, cuya capacidad y recursos no abastecen el mercado nacional. Esta situación es una de las trabas estructurales a la competitividad y al desarrollo de la nación. Propugnamos, por ello, una nueva matriz energética, compuesta principalmente por fuentes de energía renovable como la hidroenergía y el gas, y orientada principalmente a abastecer el mercado nacional, cuyo dinamismo y crecimiento irá de la mano con el proceso de reindustrialización.
Planteamos la urgencia de recuperar para el consumo nacional el gas de los lotes 88 y 56 de Camisea. El gas es de todos los peruanos. Este gas tiene precio regulado y es el más barato. Son 8,8 Trillones de pies cúbicos las reservas probadas, a lo que deberá agregarse lo conseguido con una necesaria mayor exploración que no se ha hecho desde el año 2000. Es nuestra reserva estratégica, que debe abastecer el mercado interno en un horizonte permanente de 20 años.
Existe actualmente desabastecimiento, considerando la necesidad del conjunto de empresas que han solicitado una urgente masificación del gas, a lo que hay que sumar por lo menos 3 millones de usuarios residenciales y no de los 120 mil actualmente proyectados, asimismo, las necesidades de transporte y los gasoductos regionales, que sólo para el sur requieren de por lo menos 5 TCF. Por eso, vamos a renegociar con el Consorcio Camisea lo relativo a la exportación, la que se hará cuando se cubra la demanda nacional, así como los precios a boca de pozo, los aportes al fisco y el destino del Gas, entre otros aspectos.
14. Restablecimiento de los Derechos laborales y remuneración justa.
Nuestro compromiso en materia laboral: Derechos laborales y contra la Precarización empresarial y del empleo.
El continuismo de la precarización laboral es opuesto al cambio necesario para elevar la productividad nacional. Algunos plantean no solo continuar sino acrecentar dicha precarización a fin de reducir los costos empresariales privados como vía para elevar la productividad. Abogan por una mayor flexibilidad en el despido por causas económicas, reclaman permanencia de los regímenes promocionales de precarización que son temporales, plantean reducir el pago la indemnización por despido injustificado y disminuir el aporte del empleador a Essalud.
Esta precarización laboral, trae también la precarización empresarial, pues la mayoría de empresas se subdividen y trasladan a estos regímenes de trabajo, impidiendo que se incorporen a sistemas de innovación y de mejora de la productividad. Podrán en el corto plazo reducir costos, pero a costa de liquidar el futuro de la empresa y del espíritu empresarial de la nación.
En este contexto, propugnamos restablecer los derechos laborales que fueron conculcados por los gobiernos neoliberales por el fujimorismo, precarizando empleos y empresas. Los derechos al trabajo decente y a salarios y pensiones dignas, son fundamentales para que una sociedad tenga una vida segura y buena. El país podrá con ellos elevar su productividad, afirmar la competitividad y avanzar en el desarrollo.
Vamos a transformar la Remuneración mínima vital (RMV) en Remuneración Justa (RJ) como instrumento de política de ingresos y restablecer los derechos laborales injustamente conculcados. Entre estos derechos se encuentran el trabajo decente, la seguridad social integral, la libertad sindical, la negociación colectiva, las pensiones. Iniciaremos un proceso de transformación de la “remuneración mínima vital” (RMV) por la “Remuneración justa” (RJ), para asegurarle al trabajador un ingreso «equitativo y suficiente para procurarle bienestar material y espiritual a él y a su familia».
Por ello, nos opondremos a seguir precarizando el régimen laboral y recortar más los derechos básicos, a los ceses colectivos, a la anulación de la negociación colectiva, a la ampliación de los despidos, a la reducción del aporte del empleador a Essalud, que son todas formas precapitalistas de reducir el costo del trabajo. Estamos convencidos de que hay otras maneras de obtener competitividad.
15. Una política de integración regional con todos los pueblos de AL.
a. El Perú promoverá una política de integración tanto de la región andina como de América del Sur a través del fortalecimiento de la CAN y UNASUR.
b. Las relaciones con cada país de la región serán absolutamente en base a los intereses nacionales.
En este tema quiero ser claro, no vamos a copiar las políticas y las acciones que se vienen aplicando en el gobierno del Presidente Chávez en Venezuela. Particularmente en lo referente en la reelección indefinida, estatizaciones, medidas del control del tipo cambio, dependencia del BCR con el Ejecutivo, entre otras. Nuestro camino es y será sin calco ni copia, será propio.
Señores y señoras:
Hemos tenido en los últimos años un crecimiento económico formidable, incluso para estándares mundiales, pero ello no se ha reflejado, sino muy limitadamente, en el bienestar de la población. El problema, insistimos, es el modelo de desarrollo primario exportador y la democracia precaria que vivimos. El modelo neoliberal privilegia la exportación de minerales, dependiente del mercado mundial de las materias primas, y el negocio rápido en las finanzas y otros servicios, pero olvida al sector productivo industrial y a la agricultura para la alimentación de nuestro pueblo. De esta manera, el modelo genera ganancias muy importantes en el corto plazo para un puñado de grandes empresas, principalmente extranjeras y nacionales ligadas a la gran minería, pero pocos empleos con derechos y con escasos ingresos en los bolsillos de las ciudadanas y ciudadanos. Vemos así por ejemplo como Cajamarca que es una de las regiones que más aporta al PBI nacional es a la vez la 4ta región más pobre del Perú. Así, se agudizan las desigualdades existentes y la heterogeneidad regional, frustrando las posibilidades del desarrollo del país.
Componente esencial de este patrón de crecimiento primario exportador es la debilidad institucional, la precariedad democrática y la pervivencia de estructuras políticas fuertemente autoritarias. Continuamos viviendo bajo la Constitución que impuso la familia Fujimori tras un golpe de Estado. Este orden político y económico recorta la ciudadanía, le quita a los derechos sociales y culturales su estatus de fundamentales y elimina las garantías de las políticas sociales universales en los sectores de educación, salud y pensiones; buscando privatizarlos o extranjerizarlos y entregarlos a los vaivenes del mercado. A esta situación se agrega la actitud agresiva de los poderes del Estado contra las movilizaciones de protesta de la población, que ha llevado a criminalizar la movilización social y a presentar como culpables de los problemas a aquéllos que reclaman por las consecuencias depredadoras del modelo neoliberal.
Cuando se hace política a lo grande, es decir, cuando se comprenden las grandes tendencias y se interviene activamente sobre ellas, las épocas de cambio son siempre oportunidades para organizar el futuro y tomar decisiones colectivas que marcarán toda una etapa histórica.
El dilema, para nosotros, no es entre un presente promisorio y algún pasado populista, sino entre la gran transformación que plantea el nacionalismo o la involución social y la desarticulación del Estado. Estamos convencidos que este patrón de crecimiento y de poder no es viable a mediano plazo y que, por lo tanto, debemos modernizarnos transitando a otro modelo económico, social, político y ecológicamente sostenible.
Hoy vivimos condiciones económicas, sociales e internacionales propicias para realizar las reformas estructurales necesarias que garanticen la transición al nuevo modelo. Nosotros estamos convencidos que se puede y que se debe hacer en orden, en democracia y mediante un consenso social muy amplio. Nuestro compromiso fundamental es crear una “Gran coalición por el desarrollo del Perú”, organizar políticamente una esperanza y una pasión colectiva, nacional.
Algunos pueden pensar que no es necesario cambiar cuando se gana mucho dinero y se controlan los recursos del poder. El conservadurismo, como cualquier conservadurismo, olvida que el crecimiento económico genera dinámicas sociales especificas, cambios culturales, sobre todo en las percepciones de los grupos y clases. Pensar que la modernización del país se puede realizar sin cambiar las instituciones, sin transformar la economía, sin una modificación sustancial de las políticas y sin una redistribución de la renta y del poder, sin reformar la democracia, es tener un pensamiento corto y estrecho. Es no haber aprendido nada de la historia, de nuestra historia.
La gran enseñanza es que las reformas que no se hacen en su momento, más adelante ya no se pueden hacer y lo que vendrá después será siempre una época marcada por la conciencia de las oportunidades perdidas, por involuciones sociales y por el declive moral de la Nación.
Nosotros creemos que el Perú tiene futuro y queremos dedicar nuestros esfuerzos a garantizarlo.
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